1. ¿Qué tan viable es implementar un
mecanismo de mediación intrafamiliar en El Alto considerando las
particularidades culturales, sociales y económicas de la ciudad?
2. ¿De qué manera la mediación resolutiva
podría intervenir en las primeras señales de violencia intrafamiliar para
evitar la escalada hacia el feminicidio?
3. ¿Qué actores (Defensoría de la Niñez y
Adolescencia, SLIM, juntas vecinales, organizaciones sociales) deberían formar
parte del mecanismo de mediación en El Alto?
4. ¿Cómo garantizar que la mediación no
reproduzca desigualdades de poder entre la víctima y el agresor, evitando poner
en riesgo a la mujer?
5. ¿Qué herramientas psicoeducativas y de
comunicación se deberían aplicar dentro del proceso de mediación para promover
cambios en la dinámica intrafamiliar?
6. ¿Qué papel tendría el sistema judicial
en complementar y supervisar este mecanismo para que no sustituya la aplicación
de la Ley 348, sino que la fortalezca?
7. ¿Cómo se podría asegurar la capacitación
y especialización de los mediadores en género, derechos humanos y prevención de
violencia extrema?
8. ¿Qué mecanismos de seguimiento deberían
existir después de una mediación para evitar la reincidencia y garantizar la
seguridad de la mujer y su familia?
9. ¿Cómo involucrar a la comunidad alteña
(barrios, organizaciones sociales, instituciones educativas) para legitimar y
fortalecer el mecanismo de mediación?
10. ¿Qué indicadores servirían para medir la
efectividad del mecanismo en la reducción de casos de violencia intrafamiliar y
prevención de feminicidio en El Alto?
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